La inversión en ciencia y tecnología (CyT) es condición necesaria para ser un país desarrollado, o para aquel que aspira a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de sus habitantes sin deteriorar su medio ambiente. Los países desarrollados cumplen con esta premisa con inversiones que triplican a la de las naciones sudamericanas. Para mencionar alguno casos (Banco Mundial, 2020-2021)
- Corea del Sur: 4,93%
- Estados Unidos: 3,46%
- Suecia: 3,42%
- Japón: 3,30%
- Alemania: 3,14%
- China 2,43%
En la región, en cambio, las inversiones de los principales países son: (%/PBI destinado a CyT por país)
- Brasil: 1,15%
- Argentina: 0,52%
- Uruguay: 0,45%
- Chile: 0,33%
- Japón: 3,30%
- Alemania: 3,14%
- China 2,43%
Si bien estos porcentajes varían de país a país, lo destacable es que el Estado siempre actúa como inversor en CyT entendiendo que es una estrategia que da soberanía.
De todas formas, la inversión realizada por el estado Argentino en los últimos 20 años, aunque fluctuante, ha permitido mantener una ciencia con impacto en la sociedad y construir una base sólida capaz de responder a situaciones de crisis, como la vivida durante la pandemia de la COVID-19, momento en el que se realizó una vigilancia molecular del virus a nivel nacional en tiempo real y se desarrollaron respiradores, kits de diagnóstico, vacunas y terapias, entre otros. Podemos mencionar otros ejemplos de la solidez de nuestro sistema de CyT como la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, lo que perfila a la Argentina en uno de los líderes mundiales en el la construcción de reactores modulares de baja y media potencia, o el hecho de que contemos con 39 satélites en órbita, muchos de ellos construidos integramente en Argentina, llevándonos a ocupar el primer lugar en Latinoamérica y el décimo en el mundo.
Además, algunas leyes promulgadas en los últimos años fueron pensadas para mejorar la asignación de recursos para ciencia y tecnología del presupuesto nacional. La ley 25.467, de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 5 establece que, entre las responsabilidades indelegables del Estado nacional en materia de política científica, tecnológica y de innovación, se encuentra la de “financiar la parte sustantiva de la actividad de creación de conocimiento conforme con criterios de excelencia”. La ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es mucho más concreta y tiene como objeto establecer un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a CyT hasta alcanzar, en 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año. Por mencionar una más, la ley 27.738 aprobó el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 en la que se establecen el conjunto de políticas para el Sistema Nacional de CyT para la próxima década.
Actualmente, los sistemas universitario y científico están bajo ataque no sólo por el incumplimiento de las leyes mencionadas sino a través de una ley más básica que el Gobierno no envió, y según la decisión emitida por el Decreto 88/2023, no enviará al Congreso: la de Presupuesto. De esta manera, para el 2024 congela los montos asignados en el presupuesto 2023, aprobados en noviembre de 2022, irrisorios frente a una inflación continua y en alza.
Nos encontramos entonces ante un panorama que pasó de incierto a francamente negativo. Ni las leyes existentes, ni los pronunciamientos de las autoridades de los Centros Científicos Tecnológicos, ni las de un sinfín de Premios Nobeles en CyT, ni las movilizaciones de los trabajadores de CyT, entre otros, han podido revertir las acciones llevadas adelante por el Estado Nacional para el sector. En particular, las que afectan a los organismos de CyT externos a la UNCPBA, los cuales financian los haberes de más de la mitad de los investigadores de nuestra Facultad y de la totalidad de los becarios. Algunas de esas acciones son el mencionado congelamiento presupuestario, el retraso en el desembolsos de fondos para proyectos ya aprobados y en desarrollo como así también para cubrir los gastos de funcionamiento, el despido masivo de trabajadores contratados distribuidos por todo el país afectando el normal desenvolvimiento de las tareas de gestión y administración de la actividad científica, los cambios operados en las condiciones de contratación de los restantes trabajadores de planta transitoria que a través del acortamiento del plazo de la relación laboral por medio de una adenda a los contratos firmados ha profundizado una realidad de enorme precariedad, la decisión de reducir a la mitad el número de becas de formación y la postergación de la difusión de los resultados de las promociones de los investigadores de CONICET por mencionar algunas. Las consecuencias claras son la interrupción de la obtención de las metas de las investigaciones, y el deterioro de las condiciones de ingreso, permanencia y progreso de recursos humanos, es decir, el desarme de los organismos de ciencia y tecnología nacionales. La propuesta de desmantelar la CyT, área que la sociedad argentina viene impulsando desde el fondo de su historia, para ajustar las cuentas de un déficit que ni la ciencia, ni los investigadores, ni el pueblo argentino produjeron, es arbitrario, injusto y nos condena a un futuro oscuro, en el que imperan la superstición, la ignorancia y la desigualdad.
La formación de recursos humanos en ciencia lleva años de inversión individual y colectiva y el resultado es un recurso humano fundamental que podrá no solo avanzar en desarrollos particulares sobre su respectivo ámbito científico, sino que también podrá formar a otros. Recuperar la pérdida de este impulso, costaría indefectiblemente, muchos años más. Entonces es esencial reconocer el valor estratégico de la inversión en ciencia para el desarrollo sostenible y la autonomía del país. Los recursos destinados a la ciencia y tecnología para atender temas de interés nacional no representan un gasto, sino que deben ser considerados una inversión. La ciencia y la tecnología son una parte sustancial de un proyecto de país en crecimiento, un país con desarrollo, que trabaja para reducir la pobreza, para curar enfermedades, para aportar a una innumerable cantidad de desarrollos productivos, para reducir conflictos sociales, para producir mejoras en un gran espectro de esferas económicas, sociales y culturales, para lograr un país como la Argentina que todas y todos queremos.
Dra. Paula Juliarena
